La industria cementera española se enfrenta a la cuadratura de un complejo círculo: afrontar voluminosas inversiones para que las fábricas sean menos contaminantes, hacerlo con la crisis económica apretando y, además, teniendo que competir con terceros países que venden cemento mucho más barato porque, entre otras cosas, no tienen que cumplir las exigencias medioambientales de Europa.

España tiene 33 fábricas de cemento, pertenecientes a nueve grupos empresariales, de las que dependen 12.000 empleos, entre directos e indirectos.

Los fabricantes han asumido el reto de la sostenibilidad, mientras las autoridades europeas les empujan con una normativa cada vez más exigente y en un contexto económico complicado. El sector de la construcción ha vuelto a desplomarse por la crisis del Covid cuando aún no había curado las heridas de la recesión de 2008. Y, encima, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior crisis, ahora España exporta menos cemento, porque los costes medioambientales y energéticos le han hecho perder competitividad cuando más falta hace vender fuera, ante la escasa demanda interna.

En 2020, el consumo de cemento en España cayó prácticamente un 10%, hasta situarlo en niveles de 1967. «Nos enfrentamos a unos niveles de consumo anormalmente bajos: en los últimos 50 años, el consumo medio anual de cemento estaba en 25 millones de toneladas, frente a los 13 millones de toneladas actuales», explica el presidente de la patronal española de las cementeras (Oficemen), Víctor Hugo García Brosa. Y, «mientras que en 2016 exportábamos casi 10 millones de toneladas de cemento y clínker, en 2020 se exportaron menos de seis, lo que supone una caída cercana al 40% en cuatro años». Durante el último año, España ha dejado de ser líder de la UE en exportación de cemento, aventajada por Alemania.

Competencia desigual

García Brosa achaca esa pérdida de competitividad exterior del cemento español a dos motivos, fundamentalmente. De una parte, «por los elevados costes eléctricos frente a los que soportan las fábricas de nuestros países vecinos». De otra parte, «y especialmente, por el crecimiento de los precios de los derechos de emisión de CO2, que se han duplicado en el último año y han llegado a superar los 40 euros por tonelada emitida». Es un coste que no soportan otros fabricantes de fuera de la UE, competidores situados en países del arco mediterráneo, del norte de África o de Asia que no asumen las exigencias y compromisos medioambientales que se autoimpone la UE.

Los fabricantes europeos reclaman a Bruselas un «sistema de ajuste en frontera al CO2», mecanismos de corrección de costes que, en la práctica, permitan competir en condiciones de igualdad al cemento europeo y al que llega de países con menos exigencias ambientales.

Horizonte del año 2050

Pese a todo este contexto de dificultades, las cementeras españolas encaran el reto de alcanzar en el año 2050 la llamada neutralidad climática, borrar su huella de CO2. Este sector ha reducido sus emisiones de CO2 un 27% desde 1990. De aquí al año 2030 prevé restar otro 16%. Y de 2030 a 2050 tendrá que acabar con el 57% restante. Es «un recorrido muy exigente, pero alcanzable», dice el presidente de Oficemen. Eso sí, insiste en que, en este camino, deben contar con el apoyo de la Administración: sin ayuda y en soledad, la industria cementera difícilmente podrá cumplir sin que se resquebraje su competitividad.

Se sabe que el esfuerzo inversor va a ser tremendo, pero es imposible cuantificarlo en este momento. Son muchos los frentes en los que se debe actuar, y aún no se cuenta con tecnología suficientemente madura en todos los casos. Pero sí hay algún ejemplo que da idea de lo costoso de esta carrera: harán falta entre 50 y 80 millones de euros por fábrica para modernizar los hornos en los que se quema la piedra caliza para obtener el clínker -materia prima del cemento-. Es decir, harían falta unos 2.000 millones de euros para renovar los hornos de las 33 fábricas de cemento que hay en España.

Hoja de ruta

Modernizar los hornos es un apartado esencial, pero no el único. La hoja de ruta de Oficemen incluye otras muchas medidas para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Por ejemplo, incorporar materias primas con menos carga de carbono; usar combustibles biomasa y electricidad de renovables; el desarrollo de cementos con menor contenido de clínker; o la introducción de sistemas de captura de CO2. Este último es un campo en el que todavía hay que desarrollar tecnología e infraestructuras que lo hagan realmente viable. Persigue, sobre todo, recoger el dióxido de carbono que emiten las cementeras para ser conducido hasta formaciones geológicas profundas en las que pueda quedar confinado.14