El momento clave para construir un futuro más sostenible

Los desafíos del sector de infraestructuras no paran de aumentar en un contexto económico y social que va complicándose por momentos. Su papel en la recuperación del país es decisivo ya que genera una actividad económica inducida, proporciona un retorno fiscal a las administraciones públicas y crea empleo, sin olvidar el beneficio social que aporta. Ahora son los Next Generation los que prometen salvar al sector tras años de la reciente sequía de inversiones que ha vivido. La inyección económica de Bruselas permitirá también cumplir la Agenda 2030 donde las infraestructuras son protagonistas en 6 de sus 17 objetivos.

Es importante recordar que en los últimos 40 años España ha conseguido incrementar su stock de infraestructuras de forma significativa, utilizando fondos europeos, sobre todo los Feder.

«Hemos visto que en España se ha dado un salto espectacular en la dotación de infraestructuras. En las ferroviarias se ha puesto más el foco en la alta velocidad que en mercancías y en las viarias se han desarrollado carreteras seguras. En las sociales, tenemos hospitales, centros sociales…. Hemos conseguido en 40 años una transformación radical de nuestro stock de infraestructuras», comienza por referir Cándido Pérez, socio Responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad en KPMG España. En años como el 2007 y el 2008 se llegó a invertir el 5% del PIB en infraestructura, pero «el porcentaje cayó desde la crisis financiera, sobre en 2010-2011. Se redujo a menos del 2% del PIB y eso significa que no tienes inversión ni para todo el mantenimiento necesario, que es muy importante, ni para incrementar el stock», añade.

España cuenta con muchas compañías que se sitúan entre las mejores del mundo, incrementando así la productividad de la economía. Solo la actividad de la construcción representa aproximadamente el 5% del PIB pero «lo importante es su efecto a largo plazo, en muchos aspectos. Tiene un efecto multiplicador siempre y cuando las infraestructuras estén bien diseñadas y tengan sentido», resalta el socio de KPMG. Es decir, es el momento de optimizar todo lo que se ha hecho.

En el nuevo contexto en el que vivimos «hay que poner el foco especialmente en su mantenimiento para que sean más resilientes frente al cambio. Al mismo tiempo es imprescindible que el proceso de planificación mejore sustancialmente», recuerda Pérez. España debe analizar las infraestructuras del futuro, en diversos aspectos. Hace referencia al informe realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ‘Infraestructuras de transporte’, en el que analiza su eficiencia y aporta propuestas de mejora. Dicho estudio recomienda mejorar la selección de las inversiones en infraestructuras para elevar su rentabilidad social y económica y satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos. La AIReF asegura que la política de inversión en infraestructuras es esencial para garantizar unas redes públicas de alta calidad, imprescindibles a su vez para asegurar el crecimiento económico y aumentar el bienestar general de la sociedad. Pero a su vez constata que en España no existe un marco regulatorio que ordene la redacción de los planes de infraestructuras de transporte y considera que la planificación de infraestructuras ha sido muy ambiciosa en los últimos 35 años, sin priorización de actuaciones y sin vincular los planes al proceso presupuestario y la coyuntura económica.

Inversiones urgentes
Tal y como señalan desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), las inversiones más urgentes detectadas para cumplir la Agenda 2030 representan más de 243.000 millones de euros. De ellos, 23.825 millones destinados a cuestiones de Agua y Medioambiente, «que permitirán asimismo cerrar los expedientes de sanciones abiertos por la CE europeas en depuración y tratamiento de residuos», resalta Julián Núñez, presidente de Seopan. Otros 58.322 millones son necesarios para infraestructuras que garanticen «na movilidad sostenible y segura como recuperar inversiones en infraestructuras de transporte público –cercanías y metro–, actuar en la red viaria para reducir la siniestralidad e invertir en la red ferroviaria y en estaciones de transporte intermodal para promover el transporte ferroviario de mercancías», añade.

Destacan también otros 134.118 millones para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en materia de eficiencia energética, renovables, autoconsumo, almacenamiento e infraestructura de recarga para anticipar y garantizar la movilidad eléctrica y movilidad eléctrica. Y los 21.400 millones en infraestructuras de salud «para reforzar la capacidad de nuestro sistema hospitalario e igualar nuestra capacidad asistencial al ratio medio de la OCDE» y 6.000 millones en creación de infraestructura verde en entornos urbanos.

Y ante estas necesidades urgentes Núñez se lamenta que en términos de colaboración público/privada «seguimos igual que hace 10 años, sin apenas actividad en proyectos de concesión de infraestructuras, con únicamente 490 millones de euros».

Fondos europeos
El objetivo de los fondos europeos Next Generation «es anticipar la recuperación social y económica inherente a la crisis sanitaria y a la vez acelerar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030», recuerda Núñez. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no es un plan de inversión pública, «únicamente el 24%, o lo que es lo mismo la cuarta parte de los fondos europeos consignados a los dos grandes ministerios inversores, Mitma y Miterd, en los presupuestos generales del estado en 2021 y 2022, se destinan a la creación de infraestructura de obra civil», apunta el presidente. Asimismo, importantes convocatorias de subvenciones del ámbito de las Comunidades Autónomas todavía no han sido realizadas. «Me refiero al Plan de rehabilitación, lo que unido a la poca relevancia de la infraestructura implicará una demora en los impactos esperados del Plan de Recuperación, que debieran empezar a notarse a partir de 2023», añade.

Cuestión muy relevante que considerar es el impacto en el sector de las infraestructuras que tendrá la crisis inflacionista global que estamos sufriendo y que se está acelerando de forma dramática en el primer trimestre de 2022, lo que genera una enorme incertidumbre con relación al impacto real que tendrá el Plan de recuperación en nuestra economía y empleo.

En relación a los fondos, el socio de KPMG señala que se han empezado a ejecutar pero «vamos despacio sin olvidar que queremos gestionar una cantidad de fondos que será 5 veces la que hemos gestionado desde 1986». Tampoco hay que olvidar que estos fondos son diferentes, «hay que justificar que hemos hecho la inversión y que ha conseguido un objetivo definido». Es decir, «no es un fondo cualitativo, pretende la transformación que es más complicada de conseguir que la recuperación», resalta.

Materias primas
El alza de los precios y el desabastecimiento, agravados además por la guerra en Ucrania, son otras de las principales amenazas tanto para el sector de la construcción como para la economía española en su conjunto. La guerra es muy posterior al inicio de la crisis de precio de las materias primas que se inició a mediados de 2020, «pero es evidente que ha introducido una mayor incertidumbre en el desarrollo de esta cuestión. El aumento del precio de las materias primas se ha incrementado en el primer trimestre de 2022», explica el presidente de Seopan. A modo de ejemplo, señala que los precios del acero corrugado y la madera registran el mismo incremento que el registrado en todo 2021, situación que se agrava con el cobre, aluminio y petróleo, que en este mismo periodo superan en 6,5, 1,5 y 1,3 veces respectivamente el incremento de precio registrado en 2021.

La subida de precio de la energía eléctrica está empezando a provocar la paralización de fábricas de productos esenciales para el desempeño de nuestra actividad, «lo que unido a los también problemas de suministro puede llegar a colapsar nuestra actividad», añade Julián Núñez.

Licitaciones desiertas
El encarecimiento de los precios de todos los materiales básicos ha dejado un número importante de licitaciones desiertas porque ninguna empresa constructora quiere licitar para la ejecución de proyectos que van a ser claramente deficitarios, al no poder hacer frente a los importantes sobrecostes. Según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) el incremento de precios de los materiales ha significado un aumento del coste total de las obras de un 22,2% de media y «en los últimos 3 meses al menos medio millar de licitaciones públicas para contratar obras habían quedado desiertas, por valor de más de 230 millones de euros. Y esto afecta tanto a las grandes compañías como a las pymes del sector», explica el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén.

El Gobierno ha aprobado este mes un Real Decreto-ley con medidas de carácter extraordinario para permitir una revisión excepcional de los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los materiales. A este respecto, desde CNC creen que «hay margen para rebajar el umbral que posibilita la aplicación de la revisión extraordinaria, o de incluir en la fórmula de su cálculo un mayor número de materiales que, como la madera, han experimentado también un incremento desorbitado de su precio. De este modo podría quedar incluida alguna tipología de obras que en la actualidad queda excluida».

El reto de la renovación urbana
Las ciudades se enfrentan a un nuevo reto, el de «buscar usos nuevos de lo que ya existe porque es más fácil aprovecharlo de otra forma que crear algo nuevo», señala Lluís Ribas, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Considera que en el plazo de 10 o 15 años las infraestructuras de las ciudades no presentarán «cambios significativos, otra cosa será el uso de lo que ya tenemos instalado». Por ejemplo, el uso de los datos que «permitirán ofrecer otros servicios y establecer prioridades de actuación, empoderando más al ciudadano». Cree que la alternativa del coche eléctrico no es aún viable porque faltan elementos para su desarrollo, como las baterías. «No habrá una inversión gigante en esta infraestructura» a corto plazo, opina. Lo que sí espera es un aumento de patinetes, motocicletas eléctricas, pequeños vehículos que se puedan cargar con la infraestructura existente.

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