Las medidas de suspensión de la contratación pública y restricciones a la movilidad para afrontar la crisis sanitaria impactaron negativamente en la actividad del sector de la construcción durante 2020. En consecuencia, la licitación pública en obra civil se desplomó un 26% -hasta los 8.364 millones de euros- en la que fue la tercera mayor caída desde 1996 y la contratación pública se hundió un 39%, hasta los 6.348 millones, según datos del «Análisis del Sector Infraestructuras; Balance del 2020 y Previsiones para 2021» presentado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). La situación en ambos casos se tradujo en un retorno a los niveles existentes en 2014. La información aportada por Seopan revela también que el tráfico en las autopistas y autovías estatales y autonómicas se hundió un 37% y un 35%, respectivamente desde el primer estado de alarma decretado en marzo y hasta diciembre.
En términos de empleo, las restricciones y el parón decretado desde el Gobierno provocaron la destrucción de 80.200 puestos de trabajo de media al mes durante marzo, abril y mayo dentro del sector de la construcción. No obstante, con la desescalada se empezó a recuperar la actividad económica con un repunte del mercado laboral en construcción que ha ocasionado que a finales del año pasado ya se hubiera recuperado la totalidad del empleo perdido en este sector, cuantificado en 240.600 puestos de trabajo.
Además de los perjuicios causados por el coronavirus, desde Seopan añaden que el sector ha seguido arrastrando este año «dos importantes ineficiencias». El presidente de Seopan, Julián Núñez, criticó durante la rueda de prensa que la ejecución presupuestaria de los dos grandes ministerios inversores (Ministerio de Transportes y Ministerio para la Transición Ecológica) se quedasen en el 68,7% en 2020. En este sentido, Núñez denunció que en los últimos 14 años el Estado ha dejado de ejecutar 41.100 millones de euros, un escenario que ha evitado la creación de 48.000 puestos de trabajo anuales y 20.145 millones de euros para las arcas públicas de retorno fiscal por impuestos y cotizaciones sociales. Esta situación de no ejecución se debe a «los retrasos injustificados» en los procedimientos de licitación y adjudicación de los contratos, pero también a la suspensión y resolución de contratos a causa de las adjudicaciones a ofertas «con precios anormalmente bajos y a la elevada judicialización de los problemas» que surgen de la interpretación y cumplimiento de los contratos, tal y como añadió Núñez.
La segunda inefiencia, según Seopan, está relacionada con la indecisión política para solucionar los obstáculos regulatorios que impiden la captación de capital en los mercados financieros con el fin de financiar las infraestructuras que el país necesita para resolver su déficit en infraestructuras prioritarias y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas. De hecho, el valor de las concesiones de infraestructuras apenas alcanzó los 50 millones de euros durante el pasado ejercicio, según datos aportados por Seopan.
Más plazo
Con respecto a las perspectivas de la actividad constructora para 2021, Seopan señala que se presentan «inciertas» con un crecimiento previsto entre una horquilla del 1% al 2,7%. Sin embargo, la patronal de la construcción advierte de que estas proyecciones estarán condicionadas por la ejecución presupuestaria, fundamentalmente ADIF, que representa el 24,4% de la obra civil, y también por las decisiones que las administraciones públicas adopten para impulsar contratos de colaboración público-privadas.
Asimismo, la patronal apuesta por plantear a las autoridades europeas competentes una posible ampliación de los plazos de ejecución de las ayudas europeas, que para 2021 se calculan en 34.490 millones para el sector. Al respecto, Nuñéz recordó que «debería de darse más plazo» para no tener que renunciar a esa inyección de ayudas. «El problema fundamental viene de Europa, ya que cuando presentaron el plan de recuperación había diseñado un escenario de normalidad en 2021, cuando en la actualidad seguimos con confinamientos, restricciones a la movilidad y con ayudas a los sectores más vulnerables», apuntó Núñez.
