El Gobierno ha redactado el borrador de un real decreto ley para amortiguar el impacto que la subida de los precios de las materias primas está ocasionando en la obra pública española. Entre los puntos a destacar, dos: limitará al 20% del presupuesto cualquier posible compensación; y los contratistas deberán acreditar que el incremento de los materiales excede del 8% el importe certificado del contrato en 2021. Este límite no se tendrá en cuenta en los contratos en los que se pacte cualquier otra cifra, en todo caso normalmente limitada al 50% que marca la ley.
La nueva norma elaborada por el Gobierno excluye de la revisión los costes de la energía. Sí incluye materiales bituminosos, aluminio o cobre. Además, limita su alcance a las certificaciones a partir del 1 de enero de 2021. Por tanto, deja al margen subidas anteriores.
Para acogerse a la compensación, la empresa contratista que actualmente esté ejecutando una obra pública tendrá un plazo de dos meses para solicitarla. Deberá hacerlo ante el órgano de contratación competente en todas las comunidades autónomas que apliquen el decreto.
El alza del presupuesto se reconocerá cuando el incremento del coste de los materiales empleados para la obra adjudicada haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021.
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El texto se divide en cinco artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Así, la norma dice que se aplicará «excepcionalmente, en los contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados, adjudicados por cualquiera de las entidades que formen parte del sector público estatal que se encuentren en ejecución a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley». Si las comunidades y ciudades autónomas lo acuerdan, también será aplicable en ellas.
Norma consensuada
El contratista que perciba la cuantía resultante de esta revisión excepcional deberá repercutir al subcontratista la parte que corresponda a la porción de la obra subcontratada, ya que estos últimos no tendrán acción directa frente a la Administración.
Se trata de una medida que llevaba un tiempo anunciado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, si bien se iba demorando por la necesidad de que fuese consensuada también por otros dos ministerios, los de Hacienda y de Asuntos Económicos.
En el borrador, el Gobierno argumenta que la magnitud y el carácter imprevisible del alza experimentada en el último año por los precios de un número limitado de materias primas indispensables para la realización de determinadas obras «no es posible afrontarla» con los mecanismos actualmente en vigor.
Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la crisis de las materias primas ya ha provocado la paralización de casi 500 obras por un valor conjunto de 230 millones de euros en España. Y advierte que puede poner en peligro la recuperación económica.
